Advierte IMCO que modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica busca eliminar el MEM

Luego de que el pasado 29 de enero el titular del Poder Ejecutivo enviara a la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se reformen y adicionen diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que el espíritu de la iniciativa es eliminar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con una serie de cambios regulatorios para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de los productores privados.

De acuerdo con el IMCO, las modificaciones solicitadas no solo van en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, lo cual tendría repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia. Además, tampoco es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), situación que alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética.

“Exhortamos a los legisladores a debatir con datos y evidencia en un ejercicio de parlamento abierto los siguientes 30 días en que vence el plazo para votar esta iniciativa en la Cámara de Diputados. De aprobarse representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo y cancela la posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo”, señaló el IMCO en un comunicado en el que precisa que:

La iniciativa pretende destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de manera independiente, para dar prioridad a las plantas de la CFE, con lo cual las principales perdedoras de esta propuesta serían las centrales de energías renovables y limpias.

La iniciativa reforma el artículo XX con el propósito de dar prioridad en el despacho a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar a las hidroeléctricas, en segundo a las demás centrales de la CFE, posteriormente a la energía eólica y solar de los particulares, y finalmente a las centrales de ciclo combinado (centrales que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) de particulares, pero debido a que las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto.

Por otra parte, el Instituto destaca que la iniciativa presidencial elimina la obligación de la subsidiaria de suministro básico de la CFE de comprar energía por medio de subastas y elimina la obligatoriedad para que la subsidiaria de la CFE encargada de vender electricidad a los pequeños consumidores adquiera energía vía subastas para reducir los precios.

Asimismo, no garantiza menores precios de energía eléctrica al usuario final, abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia y obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gasto insostenibles para la Federación, fragilidad en las finanzas de la CFE y detiene las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos.

Por último, sostiene que la iniciativa revoca los permisos de autoabasto, los cuales fueron expedidos previo a la apertura del sector para permitir a las empresas asociarse y producir electricidad para sus establecimientos con esta generación; afecta la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones y es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.